A medida que el sector cruceros sigue avanzando y creciendo a pasos agigantados en Europa, los gobiernos se apuran a legislar acerca de los derechos de los consumidores de este tipo de vacaciones. Hace unas semanas comentábamos acerca de la Nueva Ley acerca de la legislación que llevó a cabo el gobierno estadounidense en materia de seguridad abordo. Ahora recibimos de Europa un comunicado acerca de una regulación que también apunta a proteger a los pasajeros ante problemas con la naviera. Según esta fuente, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) ha aprobado hoy una nueva regulación que reforzará los derechos de los pasajeros de barco, que podrán optar a compensaciones cuando sufran cancelaciones o retrasos superiores a una hora y media.
Como muy tarde, a partir de principios de 2012, las compañías tendrán que abonar a los pasajeros el precio del billete u ofrecer una ruta alternativa en caso de retrasos de más de 90 minutos.
También tendrán que informar, con al menos 30 minutos de antelación, de que un viaje ha sido cancelado. Sólo evitarían las compensaciones si pueden probar que el retraso se debe a las condiciones meteorológicas u otras circunstancias extraordinarias.
Además, los pasajeros que se vean obligados a pasar la noche en el lugar de partida debido a la anulación del billete, podrán recibir una compensación de hasta 80 euros por noche, por un máximo de tres noches.
La nueva legislación prevé también asistencia gratuita para los pasajeros discapacitados y personas de movilidad reducida, siempre que los transportistas sean informados al menos 48 horas antes del embarque, y establece que las empresas no podrán rechazar a un pasajero por ser discapacitado.
Las medidas afectarán a todos los navíos de más de doce pasajeros y una tripulación de al menos tres personas, con algunas excepciones para los barcos turísticos.
Los cruceros, mientras, al estar ya cubiertos por la directiva comunitaria que regula los paquetes de viaje, quedan excluidos de muchas de las disposiciones de la nueva legislación.
Los estados miembros deberán empezar a aplicar esta nueva regulación, como muy tarde, a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Fuente: ABC
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